Recientemente, un grupo de al menos 25 personas ha denunciado a una financiera por presunto fraude en la ciudad de Pachuca. Según relatos presentados en el portal Grito Informativo, la empresa en cuestión, probablemente Air Seminuevos, ubicada en la plaza Boulevares de Pachuca, solicitaba enganches de dinero en efectivo de hasta 100,000 pesos para la adquisición de automóviles, pero no cumplía con la entrega de los vehículos prometidos. Ahora, la empresa ha desaparecido, dejando a los afectados sin posibilidad de reclamo.

Modus operandi de la presunta empresa fraudulenta

Los afectados describen que Air Seminuevos se promocionaba a través de diversos medios, ofreciendo servicios crediticios para la compra de automóviles. Al acudir al negocio, los clientes eran recibidos por asesores aparentemente atentos, quienes les ofrecían atractivos planes económicos y facilidades de pago. Sin embargo, nunca recibían los vehículos que se les prometía, solo se les mostraban en fotografías.

Enganches y contratos falsos

Cuando un cliente mostraba interés en comprar un vehículo, se procedía a firmar contratos de adquisición, y los asesores de la empresa solicitaban depósitos o entregas personales en efectivo en sus oficinas como requisito de enganche. A pesar de estos pagos, los clientes nunca recibían los automóviles.

Desaparición de la empresa

Después de semanas de espera sin recibir noticias sobre la entrega de los vehículos, los clientes intentaron contactar a Air Seminuevos, pero no obtuvieron respuesta. Al visitar las oficinas de la empresa, descubrieron que estaban cerradas y que la empresa había desaparecido por completo, incluyendo sus cuentas de redes sociales.

Cifras y consecuencias

Se estima que al menos 25 personas, provenientes de diferentes municipios del estado de Hidalgo, fueron víctimas de este presunto fraude, con pérdidas que van desde los 27,000 hasta los 100,000 pesos por automóvil. Cabe destacar que el delito de fraude en Hidalgo puede castigarse con penas que van desde los 6 meses hasta los 10 años de prisión, además de multas.

Ante esta situación, las autoridades competentes deberán investigar y tomar las medidas necesarias para proteger a los afectados y evitar que casos similares ocurran en el futuro.

Con información de La Silla Rota