Orden de Restricción contra Fernando Baltazar Candidato de Mineral del Chico por Violencia Familiar
Por:
Andrea Ramírez
25 de mayo de 2024, a las 17:22
Imagen de: Expediente Ultra
La coalición electoral Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) enfrenta una situación delicada en Hidalgo, luego de que se revelara que uno de sus candidatos, Fernando Baltazar Montalvo, aspirante a la alcaldía de Mineral del Chico, enfrenta una orden de medidas de protección por presuntos actos de violencia familiar.
Según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la orden de restricción fue emitida a petición de una mujer identificada como P.C.S., vecina de la localidad de Cimbrones. P.C.S. denunció a Baltazar Montalvo por los delitos de amenazas y otros posibles ilícitos. La medida judicial prohíbe a Baltazar Montalvo realizar cualquier conducta de intimidación o molestia hacia la víctima o personas relacionadas con ella, ya sea de manera personal, a través de terceros o por medios electrónicos. La orden tendrá una vigencia máxima de 60 días naturales, con posibilidad de prórroga por 30 días adicionales.
Debido a la gravedad de los hechos, P.C.S. recibió atención y auxilio inmediato por parte de instituciones policiales. Además, fue valorada psicológicamente en el Centro de Justicia para Mujeres de Pachuca, debido al impacto emocional que le habría causado la presunta agresión.
Fernando Baltazar Montalvo, quien ya ocupó el cargo de presidente municipal de Mineral del Chico, se encuentra en una situación legal y política complicada por los señalamientos de violencia física y emocional en su contra. Cabe destacar que, según la Ley 3 de 3 en materia electoral, quienes aspiren a un cargo de elección popular no deben estar involucrados en delitos como violencia intrafamiliar, lo que podría afectar su candidatura.
Tanto las autoridades como los ciudadanos de Mineral del Chico han expresado su esperanza de que se aplique la ley de manera estricta en este caso y se haga valer la Ley 3 de 3 para evitar que presuntos agresores puedan acceder a puestos públicos.